Ajuste nacional: el Gobierno dará de baja 20 mil pensiones por invalidez tras detectar irregularidades

Tras una auditoría profunda sobre el padrón de beneficiarios, la Casa Rosada se prepara para anunciar el recorte de unos 20 mil subsidios detectados como “truchos”. La medida se da en paralelo a la discusión legislativa por la Ley de Discapacidad y reabre la tensión en torno al control de los recursos públicos.

El tablero de las cuentas públicas vuelve a agitarse con un anuncio que promete repercutir con fuerza en todo el país, golpeando de lleno en la sensibilidad de los sectores vulnerables y en la agenda cotidiana de los tucumanos que siguen de cerca el pulso de la economía nacional. El Gobierno nacional se apresta a oficializar en los próximos días la baja de unas 20.000 Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral, luego de que una masiva auditoría arrojara que miles de beneficios fueron otorgados de manera fraudulenta o irregular.

La medida, que se instrumentará de manera inmediata pese a la reciente media sanción que la Cámara de Diputados le otorgó a la nueva Ley de Discapacidad, apunta directamente contra lo que desde la Casa Rosada denominan beneficios “fantasmas”. De un universo total que supera el millón cien mil perceptores en todo el territorio argentino, los equipos técnicos detectaron una primera tanda de 20.000 casos que no cumplirían con los requisitos médicos ni socioeconómicos exigidos por la normativa vigente.

Desde el oficialismo sostienen que el objetivo central de este reordenamiento es garantizar que el dinero de los contribuyentes llegue efectivamente a quienes padecen una discapacidad real, desandando —según argumentan— el incremento desmedido de planes que se registró durante gestiones anteriores con supuestos fines proselitistas. No obstante, el impacto de la decisión no pasa desapercibido en las provincias, donde numerosos sectores advierten sobre la necesidad de extremar los cuidados para que el filtro administrativo no margine a ciudadanos que verdaderamente dependen de este ingreso mensual para subsistir.

El anuncio oficial se concretará en el transcurso de la semana y marcará apenas el inicio de una serie de auditorías que el Ejecutivo promete profundizar, replicando controles que ya derivaron en la clausura de establecimientos educativos fantasma en la provincia de Buenos Aires que facturaban miles de millones del Estado sin prestar servicios reales. El debate sobre el equilibrio fiscal y la contención social vuelve a quedar, así, en el centro de la escena política.