Alarma industrial: la UIA advierte que el comercio ilegal destruye empleo y genera un agujero fiscal de U$S 2.300 millones

La Unión Industrial Argentina y el Gobierno nacional firmaron un convenio para frenar el contrabando, la falsificación y la competencia desleal, flagelos que afectan al 5% del PBI. Desde Tucumán, el sector comercial advierte el impacto del comercio electrónico informal en las economías regionales.

Frente a un escenario de creciente preocupación por la pérdida de competitividad, la Unión Industrial Argentina (UIA) y el Gobierno nacional rubricaron un acuerdo estratégico para intensificar los controles contra el contrabando, la falsificación de mercaderías y la competencia desleal. Según datos difundidos por la entidad fabril, el comercio ilegal representa actualmente alrededor del 5% del Producto Bruto Interno (PBI) y provoca un agujero fiscal estimado en U$S 2.300 millones anuales.

El convenio, suscrito por el presidente de la UIA, Martín Rappallini, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, apunta a blindar la producción formal tanto en establecimientos físicos como en las plataformas de comercio digital. La medida cobra especial relevancia en distritos del interior como Tucumán, donde comerciantes y cámaras pyme advierten de forma sostenida sobre el perjuicio que ocasiona la venta informal no regulada.

Radiografía de una crisis sectorial

El malestar del entramado productivo quedó plasmado en la tercera encuesta sectorial elaborada por la UIA. El estudio reveló que seis de cada diez empresas industriales sufren las consecuencias directas del comercio desleal, mientras que cuatro de cada diez apuntan específicamente al canal electrónico —sitios de compraventa, redes sociales y plataformas digitales— como el principal foco de competencia desleal.

Desde la central fabril recordaron que la industria argentina sostiene aproximadamente 1,2 millones de puestos de trabajo formales y aporta más de una cuarta parte de la recaudación tributaria nacional. “El comercio ilegal destruye empleo formal, evade impuestos y pone en riesgo a los consumidores”, enfatizó Rappallini al fundamentar la urgencia de endurecer los mecanismos de fiscalización.

Herramientas tecnológicas y control aduanero

El entendimiento contempla un esquema de cooperación que vincula a las empresas con la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, permitiendo un flujo ágil de información para detectar productos sospechados de ingresar o comercializarse al margen de la ley. Además, establece puentes de articulación con organismos clave como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Aduana, Senasa, Anmat y las fuerzas federales de seguridad.

Entre las principales exigencias planteadas por el sector industrial figuran:

• Fiscalización en e-commerce: Que las operaciones digitales cumplan exigencias equivalentes al comercio tradicional, reforzando la identificación de vendedores y el control de envíos.
• Control de importaciones: Incorporación de inteligencia artificial, análisis de riesgo y escáneres aduaneros para combatir la subfacturación y el fraude de marcas.
• Regímenes especiales: Revisión de las condiciones aplicadas a los envíos internacionales mediante courier y al destino de las mercaderías decomisadas.

La estrategia se completará con la conformación de una mesa público-privada permanente y un plan de trabajo semestral con evaluaciones periódicas, buscando devolver previsibilidad y reglas claras a los inversores y comerciantes que sostienen la economía formal en todo el país.