El Gobierno nacional se prepara para acelerar su agenda legislativa durante el segundo semestre con el objetivo de avanzar en un amplio paquete de reformas antes de que el calendario político complique su tratamiento en el Congreso. En la Casa Rosada reconocen que la acumulación de proyectos y las demoras en algunas iniciativas clave podrían dificultar el avance del oficialismo.
Entre las prioridades del Ejecutivo figuran la reforma electoral, las modificaciones al régimen de Zona Fría y los cambios vinculados a la Ley de Inocencia Fiscal. Sin embargo, la iniciativa política más importante para el Gobierno continúa siendo la reforma electoral, cuyo tratamiento permanece trabado por la falta de consensos en el Senado.
En paralelo, el oficialismo impulsa otras propuestas de peso, como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, un paquete de desregulación económica, cambios al Código Penal, la Ley Hojarasca y el denominado “super-RIGI”, además de otras iniciativas orientadas a reducir regulaciones y promover inversiones.
También permanecen a la espera de debate proyectos como la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal, la reforma de la Ley de Salud Mental, la Ley de Lobby, modificaciones a la Ley de Sociedades, medidas para combatir la ludopatía y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, entre otros expedientes que aún no llegaron al recinto.
Dentro del Gobierno admiten que el volumen de iniciativas generó demoras, aunque sostienen que buscarán agilizar el trabajo parlamentario en las próximas semanas. No obstante, reconocen que el futuro de la reforma electoral será determinante para el ritmo que pueda tomar el resto de la agenda legislativa.
A este escenario se suma la inminente discusión del Presupuesto 2027, que el Ejecutivo prevé enviar antes del 15 de septiembre. En la Casa Rosada consideran que, una vez iniciado ese debate y con el proceso electoral cada vez más cerca, será más difícil reunir los consensos necesarios para aprobar nuevas reformas, por lo que buscarán acelerar su tratamiento antes de que la agenda política reduzca el margen de maniobra del oficialismo.