Con el inicio de las sesiones ordinarias el 1 de marzo, el gobierno de Javier Milei afina una hoja de ruta legislativa que combina urgencias políticas con reformas de fondo.
En el corto plazo, la Casa Rosada buscará ordenar el debate en torno a la Ley de Financiamiento Universitario, la Ley de Glaciares y cambios en la Ley de Emergencia en Discapacidad, iniciativas que intentará instalar en la primera semana de actividad parlamentaria. En paralelo, el Presidente prepara un discurso con foco en capitalizar lo aprobado en extraordinarias y marcar el rumbo de un año atravesado por negociaciones intensas.
En un segundo escalón aparecen los acuerdos internacionales: el Ejecutivo apuesta a ratificar un entendimiento comercial con Estados Unidos y enviar al Congreso el tratado entre el Mercosur y Singapur, actualmente bajo revisión técnica. La estrategia oficial apunta a mostrar apertura económica y alineamiento geopolítico, mientras equilibra tensiones internas sobre la velocidad y profundidad de los cambios estructurales. Puertas adentro reconocen que la secuencialidad de los proyectos será clave para evitar fricciones con gobernadores y bloques dialoguistas.
El plato fuerte llegará con las reformas estructurales: modificación del Código Penal —con endurecimiento de penas y foco en delitos digitales—, reforma tributaria sujeta a un eventual pacto fiscal con provincias, cambios políticos que incluyen la eliminación de las PASO y ajustes en la Boleta Única de Papel, además de una nueva Ley de Seguridad Nacional. Se trata de un paquete ambicioso que revela la intención oficial de reconfigurar reglas de juego institucionales, aunque su viabilidad dependerá de la capacidad del oficialismo para construir mayorías en un Congreso fragmentado.