En la oposición ya asumen que el margen para frenar la reforma laboral es mínimo y el clima interno oscila entre la resignación y la expectativa de una reacción sindical más contundente.
Mientras el Gobierno de Javier Milei acelera para sancionar la ley antes del 1 de marzo y llegar con ese logro a la apertura de sesiones ordinarias, en el peronismo reconocen que no cuentan con los votos necesarios para bloquear el proyecto en el Senado. “La suerte está echada”, admitió un referente justicialista, que además cuestionó la tibieza de la última medida de fuerza de la CGT y reclamó mayor firmeza tanto en la calle como en el recinto.
La central obrera atraviesa, sin embargo, sus propias tensiones internas. Un sector más combativo impulsa un paro de 36 horas con movilización —24 de huelga y 12 de protesta en las calles—, mientras que otros dirigentes descartan esa posibilidad y priorizan la vía judicial. Jorge Sola, uno de los cotitulares de la CGT, anticipó que buscarán declarar la inconstitucionalidad de la norma, al considerar que vulnera derechos laborales. Por ahora, cerca del triunvirato no ven condiciones para una medida de fuerza de alto impacto, aunque las definiciones se tomarán en los próximos días.
En el Senado, el panorama aparece prácticamente sellado. El oficialismo y sus aliados superarían los 40 votos, frente a los 30 que calcula reunir el bloque peronista, una diferencia que luce insalvable. Desde la UCR ya adelantaron que acompañarán el texto con las modificaciones introducidas en Diputados, al sostener que mejoran la iniciativa debatida el año pasado. Así, salvo un giro político inesperado o una presión social que altere el escenario, la reforma laboral se encamina a su sanción definitiva.