Oscar Mariano Sosa, quien cumplía prisión domiciliaria por narcotráfico y enfrentaba causas en Córdoba, asfixió a su hijo Ignacio de 8 años con autismo severo y luego se quitó la vida. La Justicia investiga las fallas de control estatal y la desesperación previa al traslado penitenciario.
Un escenario de extrema vulnerabilidad social, judicial y familiar terminó de la peor manera en la zona sur de la capital tucumana. Familiares de Oscar Mariano Sosa (38) hallaron esta mañana los cuerpos sin vida del hombre y de su hijo, Ignacio Tadeo (8), dentro de una vivienda ubicada en calle Entre Ríos al 1.100. Los peritajes preliminares del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) confirman la hipótesis principal: un filicidio seguido de suicidio planificado.
En la escena del crimen, los peritos secuestraron una carta de despedida en la que Sosa detallaba el calvario que atravesaba. Fragmentos como “Sufrirías estando solo y no puedo permitir que pase eso” y “Sos lo que más amo en mi vida” funcionan como una confesión explícita. Fuentes judiciales señalaron que el hombre habría suministrado sedantes al niño —aprovechando la medicación habitual que requería su diagnóstico de autismo severo— antes de ahorcarlo y quitarse la vida.
El contexto judicial y el detonante Sosa cumplía arresto domiciliario en San Miguel de Tucumán dentro de una causa federal por drogas. Dicho beneficio fue tramitado originalmente ante los tribunales de Córdoba —donde el acusado mantenía investigaciones abiertas por abuso sexual, lesiones y asociación ilícita— bajo el argumento de que el pequeño Ignacio dependía de su cuidado diario.
Sin embargo, el esquema de contención se desmoronó por completo. La expareja de Sosa y madre del niño se había marchado del domicilio hace dos meses tras una ruptura conyugal, aunque mantenía aportes económicos esporádicos. Al encontrarse impedido de salir a trabajar por el régimen de encierro, el hombre subsistía con la ayuda de sus hermanos en un cuadro de asfixia económica. La notificación inminente de su revocatoria de beneficio y el traslado a una penitenciaría de Córdoba habría actuado como el detonante final de la determinación fatal.
La investigación del Ministerio Público Fiscal La causa recayó en la fiscalía a cargo de Carlos Sale, cuya instrucción busca determinar si existió una desatención total de los organismos de protección de la niñez y del seguimiento judicial. Especialistas presumen que el entorno evitó recurrir a los servicios de asistencia social por temor a que el menor fuera institucionalizado y Sosa terminara de inmediato tras las rejas.
Por el momento, los peritajes descartan la participación de terceras personas en el inmueble de calle Entre Ríos. A la espera de los informes toxicológicos y de autopsia definitivos, la causa se encamina al archivo formal debido a la extinción de la acción penal por la muerte del imputado.
El hecho reabre una discusión urgente en la provincia sobre los mecanismos de monitoreo y asistencia integral en hogares donde conviven procesados judiciales y menores con discapacidades severas.