Fondos públicos en observación: el Tribunal de Cuentas reclama más de $48 millones a tres comunas de la provincia

Control estatal. El organismo ratificó cargos fiscales contra autoridades y exfuncionarios de Los Nogales, Santa Cruz y La Tuna, y La Trinidad por irregularidades en la rendición de gastos. El caso reabre el debate sobre la transparencia en las 93 administraciones comunales del interior tucumano.

El manejo de los recursos públicos en el interior de nuestra provincia vuelve a quedar bajo la lupa institucional. El Tribunal de Cuentas (TC) de Tucumán ratificó cargos fiscales por un total de 48.092.320,52 pesos contra autoridades y exadministradores de tres comunas rurales, tras detectar severas observaciones en la rendición de gastos correspondientes a diferentes períodos entre 2017 y 2022. La medida, dictada a finales de octubre, pone de relieve las recurrentes debilidades en los sistemas contables que operan en los gobiernos locales del territorio provincial.

Las actuaciones del organismo de control alcanzaron de manera directa a las administraciones de Los Nogales —con cargos por aproximadamente 27,2 millones de pesos—, Santa Cruz y La Tuna —con un monto cercano a los 8,4 millones— y La Trinidad, que acumula observaciones por unos 12,3 millones de pesos. Si bien la determinación de un cargo fiscal constituye una instancia administrativa y patrimonial que exige la restitución de fondos no debidamente justificados —distinguiéndose de una condena penal por corrupción—, la cifra global expone la necesidad urgente de robustecer los mecanismos de fiscalización en las 93 comunas rurales que reciben partidas presupuestarias del Estado provincial para la ejecución de obras y servicios cotidianos.

Debilidades estructurales y el reclamo de transparencia

Para los ciudadanos y contribuyentes del interior tucumano, la trazabilidad del dinero público representa un pilar fundamental en la calidad institucional. Informes previos sobre las cuentas de inversión han advertido sobre las dificultades técnicas y contables que enfrentan numerosas jurisdicciones comunales para presentar comprobantes confiables y ajustados a la normativa vigente. La falta de registros precisos no solo obstaculiza la labor del Tribunal de Cuentas, sino que también erosiona la confianza de las comunidades en sus administradores locales.

Mientras el organismo avanza con los procedimientos legales destinados al recupero de los montos observados, persisten interrogantes ineludibles sobre la eficacia de los controles preventivos y las medidas correctivas adoptadas por los jefes comunales. Garantizar que cada peso aportado por los ciudadanos se traduzca en servicios eficientes y cuentas claras sigue siendo uno de los grandes desafíos pendientes para la administración pública en nuestra provincia.