Luego de casi 15 años de investigaciones, comenzó la etapa final del juicio oral y público que investiga el presunto desvío de fondos provenientes de las regalías mineras de YMAD. En el centro de la escena está el exrector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Juan Alberto Cerisola, junto a tres exfuncionarios de su gestión, todos acusados del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
El proceso se desarrolla en el Tribunal Oral Federal de Tucumán, y este lunes inició la ronda de alegatos. La fiscalía presentará su reconstrucción de los hechos, basada en más de un año de audiencias, más de cien testigos y una extensa documentación que busca probar el uso irregular de millones de pesos originalmente destinados a obras y mejoras universitarias.
La acusación sostiene que los fondos provenientes de la explotación minera en la región fueron manejados de forma discrecional y desviados hacia fines ajenos a los establecidos por ley. El foco está puesto en la presunta falta de control institucional y la supuesta utilización política y personal de los recursos de YMAD.
El caso Cerisola se ha convertido en uno de los procesos judiciales más emblemáticos del ámbito universitario y político de Tucumán. No sólo por el volumen de los fondos implicados, sino por las implicancias institucionales que conlleva. El debate en torno a la autonomía universitaria, el uso de recursos públicos y los mecanismos de control ha atravesado todo el juicio.
Durante la etapa de alegatos, tanto la fiscalía como las defensas buscarán definir el rumbo de la causa. Mientras los acusadores intentan demostrar la existencia de una maniobra sistemática de fraude, los abogados defensores intentarán encuadrar las decisiones administrativas bajo el paraguas de la legalidad y la autonomía de la UNT.
La expectativa es alta, especialmente en la comunidad universitaria, que sigue el proceso con atención y demanda respuestas tras años de sospechas. También en la sociedad tucumana, que ve en este juicio una prueba clave para la rendición de cuentas y la transparencia institucional.
Aunque el veredicto aún no tiene fecha definida, el caso ya transita su recta final, con la mirada puesta no sólo en la posible condena de los exfuncionarios, sino también en el impacto que el fallo tendrá sobre la confianza en las instituciones públicas.