El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.805, una normativa que establece un régimen excepcional para regularizar armas de fuego de uso civil y uso civil condicional que no estén registradas o presenten irregularidades en su documentación.
La medida fue aprobada por el Congreso en mayo y comenzará a regir treinta días después de su publicación oficial.
La nueva legislación otorga un plazo de 360 días para que los poseedores de estas armas se presenten ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y normalicen su situación. El organismo será el encargado de realizar las verificaciones necesarias e incorporar los datos al registro nacional correspondiente.
Además, quienes no cuenten con la condición de legítimo usuario deberán iniciar los trámites requeridos para obtener la habilitación legal mientras avanzan con el proceso de registración del arma.
Uno de los puntos centrales de la ley es que quienes se adhieran voluntariamente al régimen dentro del plazo establecido quedarán exentos de sanciones administrativas y penales vinculadas a la tenencia irregular. Sin embargo, este beneficio no alcanzará a las personas que ya estén siendo investigadas judicialmente por ese motivo.
La ANMAC también deberá brindar información sobre los riesgos asociados a la posesión de armas de fuego y promover las alternativas existentes para la entrega voluntaria y anónima de armamento. Asimismo, podrá dictar normas complementarias para implementar el nuevo sistema.
Por otra parte, la ley prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, una herramienta que permite a los ciudadanos desprenderse de armamento de manera anónima. Con estas medidas, el Gobierno busca mejorar el control estatal sobre las armas en circulación y actualizar los registros oficiales.