El Gobierno busca impulsar la reactivación de la economía a través del sector de la construcción y este martes mantendrá una reunión clave entre funcionarios del Ministerio de Economía y la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). El objetivo es avanzar en medidas para estimular la actividad y resolver deudas con contratistas del Estado.
El ministro de Economía, Luis Caputo, apuesta a que la construcción sea uno de los motores del crecimiento en los próximos meses. En paralelo, el Palacio de Hacienda analiza iniciativas para ampliar el acceso al crédito, tanto en pesos como en dólares, aunque desde el sector privado advierten que las propuestas aún avanzan con lentitud.
Uno de los principales temas del encuentro será el bono destinado a cancelar deudas con empresas contratistas por hasta $220.000 millones. Sin embargo, la adhesión genera dudas porque las compañías que acepten el bono deberán renunciar a futuros reclamos contra el Estado, lo que divide posiciones dentro del sector.
Además, empresarios presentaron una propuesta para reactivar el mercado de viviendas para la clase media mediante la utilización de los recursos que surgirían de la venta de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). La iniciativa contempla destinar entre USD 15.000 y USD 20.000 millones para facilitar el acceso a créditos hipotecarios, aunque requeriría una ley del Congreso.
Otro de los proyectos en discusión es la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) unificado, que concentre los recursos de las empresas en una o varias cuentas comunes. La idea es que el dinero que no se utilice para indemnizaciones pueda destinarse al financiamiento de hipotecas y así fortalecer el crédito para la construcción.
No obstante, el futuro del FAL sigue siendo incierto. El Gobierno ya postergó su implementación hasta el 1° de noviembre de 2026 para preservar el equilibrio fiscal acordado con el FMI, y no descarta un nuevo aplazamiento si la situación de las cuentas públicas no mejora. Mientras tanto, las negociaciones entre el Ejecutivo y el sector constructor continúan sin definiciones concretas.